jueves, 12 de diciembre de 2013

POLÍTICAS PÚBLICAS, LIBERALISMO Y DEMOCRACIA. Marisol Hernández


POLÍTICAS PÚBLICAS, LIBERALISMO Y DEMOCRACIA

En opinión del autor Norberto Bobbio, considerado el filósofo  de la democracia, el binomio liberalismo-democracia debe entenderse ante todo como una relación de necesidad; al respecto asegura que: “liberalismo y democracia están ligados necesariamente en el sentido de que sólo la democracia es capaz de realizar en plenitud los ideales liberales y sólo el estado liberal puede ser la condición para la práctica de la democracia”

Lo que se propondrá Bobbio será, precisamente, mostrar la serie de elementos que a través de la historia permitieron la configuración de esa relación que, durante mucho tiempo y, aún hoy día, sigue siendo considerada por un número importante de pensadores como antitética. Se pregunta ¿Cómo es posible hacer coincidir una concepción de Estado, como la liberal, que subraya las libertades individuales y reduce la influencia del Estado, con una forma de gobierno, como la democrática, que en rigor debería buscar la equiparación de condiciones y la igualdad?

            Se ha dicho  que liberalismo y democracia se encuentran vinculados en una relación de necesidad. Pero esto es sólo posible, opina Bobbio, cuando se entienda la democracia como un conjunto nominal de reglas cuya observancia es necesaria para la distribución del poder político. Y esto es así porque cuando la democracia deja de ser esto para ser el ideal de igualdad, a ser democracia sustancial, no formal; para el pueblo, no del pueblo, entrará en una relación de mutua exclusión con el liberalismo.

            Básicamente se trata de entender que libertad e igualdad son valores antitéticos (+ libertad = - igualdad / + igualdad = - menos libertad) y que por lo tanto cuando se da prioridad a uno de ellos la relación se cae. Si siendo liberal se da prioridad a la libertad sobre la igualdad (por ejemplo, dando rienda suelta a la propiedad privada), la sociedad será evidentemente menos democrática, al menos en el sentido de la igualdad. Si por el contrario, siendo un demócrata, trata de igualarla (por ejemplo, eliminando esa misma propiedad) la sociedad podría experimentar el fin de las libertades individuales.

            La alternativa que propondrá el liberalismo para no renunciar al ideal de gobierno propuesto por la democracia será, entonces, entenderla, como se dijo, simplemente en su sentido nominal: 1. Igualdad frente a la ley y,

2. Igualdad de derechos.

Se observa así, que dentro del liberalismo (es la crítica hecha desde la izquierda) la igualdad se reduce a una cuestión de forma, pero nunca de hecho, y centrada de manera exclusiva al campo de lo político, pero nunca de lo económico. Ni siquiera cuando el liberalismo pretende a través de modelos de democracia representativa hacerse ver como un modelo político de soberanía popular, podrá superar una participación limitada al sufragio, puesto que en el momento en que se amplíen los límites de acción del Estado, estaría entrando en contradicción con sus principios básicos.

            Una vez más, la legitimidad democrática (más allá de un sistema político de gobierno, como forma de vida que tiene como meta el bien común en una cultura de paz y tolerancia) encuentra una actualización de añejos problemas al establecer que ella requiere de mecanismos de designación de los gobernantes, y en especial, la democracia crea el marco constitucional de las relaciones entre minorías, algunas de ellas constituidas en élites, o compitiendo entre sí por el ejercicio del gobierno, a través de la participación ciudadana en la formulación e implementación de las políticas públicas entendidas como conjunto de acciones, decisiones.

            La homogeneidad  mínima de  parece que está conformada por el acceso a los bienes básicos y las libertades fundamentales, que constituyen el núcleo primordial de las políticas públicas. Esa homogeneidad, se comprende es condición  indispensable para el funcionamiento de una democracia representativa y no contradice el respeto a la diferencia o discenso. No se trata de una posición “etnocéntrica”. La posición contraria consiste en establecer la posibilidad de contar con criterios éticos universales (que no absolutos), a partir de la noción de necesidades básicas y de sus correspondientes bienes básicos, las cuales son las demandas de las políticas públicas orientadas por los modelos de gestión en concordancia con los modelos de desarrollo de los Estados.

            En conclusión, para minimizar  la ineficiente regulación gubernamental, en la formulación y gestión de las políticas públicas teóricamente, pero que en la práctica tiene poca importancia, al no dar respuesta a los problemas de coyuntura local, para promover el desarrollo, es necesario la involucración directa, en democracia, de los participantes, afectados en la formulación de las reglas y planes gubernamentales, en el contexto económico, político y social del bien común.

 

 

 

Fuentes Internet:

Referencias

Bobbio, Norberto. (1982). “Presente y futuro de los derechos humanos”, en El

            problema de la guerra y las vías de la paz, Barcelona, Gedisa,

 

 ______, (2000).   Liberalismo y democracia (trad. de J. Fernández   Santillán), México, Fondo de Cultura Económica.

    

______, (2002).  El filósofo y la política (trad. de J. Fernández   Santillán), México, Fondo de Cultura Económica.

 

Martinelli José María, Políticas públicas en el nuevo sexenio, Plaza y Valdes editores, México, 2002.

 

Baradach Eugene, Los ocho pasos para el análisis de políticas públicas, CIDE; México, 1998,

 

Majone, Giondomenico. Argumentación y persuasión en la formulación de políticas. México. FCE

 

Aguilar Villanueva Luis, La hechura de las políticas públicas, Porrua, México

Ruiz Sánchez Carlos, Manual para la elaboración de políticas publicas

 

Sánchez Gutiérrez Arturo, El proceso de diagnostico en la elaboración de políticas públicas, en Perfiles Latinoamericanos, 1993

 

Calva José Luis, Políticas Económicas para un desarrollo sostenido con equidad.

 

 

 

Göran Therborn. ¿Cómo domina la clase dominante?. Aparatos del Estado y poder estatal en el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. 4ª. Ed. México, D. F., Siglo XXI, 1989. p. 37.

DISEÑO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. Marisol Hernández


EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

 Siguiendo la corriente institucionalista, heredado de las teorías formuladas por Oliver Williamson (1975) sobre las jerarquías y los costos de transacción, es necesario preguntarse ¿en qué medida es posible diseñar las políticas públicas que generen los impactos sociales deseados y esperados? Eliminando el actual descontento por la democracia y las formas de organización política vigentes, esto es, generando gobernanza, entendida según Larason e Ingram (1997:4) como "la capacidad de una democracia de producir política pública que cubra las expectativas de la sociedad".

            Estas mismas autoras consideran que es posible diseñar las políticas públicas, en la medida que se construyen sus contenidos, lo que convierte al proceso del diseño de las políticas públicas, en "un proceso dinámico histórico que involucra construcciones sociales de conocimiento e identidades de poblaciones objetivo, relaciones de poder e instituciones" (Larason e Ingram, 1997:5).

            Por tanto, un componente histórico explica la primacía y el desarrollo de unas políticas públicas sobre otras, que depende de las jerarquías construidas al interior de las instituciones, normas y reglas de conducta explican el resultado final en términos de desarrollo local. Esta perspectiva institucionalista es muy importante en el momento actual, puesto que pone en manos activas la posibilidad de generar el cambio hacia una visión compartida de lo que deben ser las sociedades democráticas, dando paso a la importancia de la información para superar los problemas de costos de transacción de utilizar el mercado, al entendimiento y superación de los problemas de agencia que surgen cuando se desarrollan capacidades muy específicas al interior de la organización (en este caso, del sector público) y finalmente, permite formular y diseñar nuevas y mejores políticas públicas.

            El diseño de las políticas públicas involucra relaciones de poder. Hay muchas políticas gubernamentales que en apariencia no parecen obedecer a un "desplazamiento de la función de demanda social" sino a uno de la "oferta de políticas" siendo el factor exógeno la presión política generada por grupos muy concretos dentro de los organismos de decisión.

             Se podría responder a la pregunta,  en la  medida que es posible diseñar políticas publicas, debe tenerse en cuenta que este diseño es una condición necesaria pero no suficiente para lograr el impacto deseado y esperado. Si depende de las jerarquías construidas al interior de las instituciones, y que son las normas y reglas de conducta las que explican el resultado final de estas políticas, debe tenerse en cuenta el trabajo de North que considera que desde el punto de vista transaccional, la interacción política es un conjunto de relaciones contractuales, las instituciones son las reglas de juego que intervienen de un modo decisivo en los incentivos que enfrentan los agentes y es esto lo que determina en alto grado los resultados de las políticas públicas.            Si se tiene en cuenta esta relación causal entre instituciones y resultados, los mecanismos y normas de organización que se establecen para los actores del juego político deben ser más claros, en un mundo donde los costos de transacción son mayores en el ámbito político por lo que el diseño de una estructura institucional eficiente es bastante complejo.
 
 
 
 
Se propone un modelo de gestión de políticas públicas simbióticas, basadas en diferentes autores. En él se pueden ver cuatro fases, que tienden a desdibujarse, superponerse y entremezclarse, de la política: formulación, gestación, implementación y evaluación del proceso de decisión-acciones. Se considera explicativo, dinámico. Un problema público implica manifestación de varios problemas individuales, pero no aislados, de implicación gubernamental.
La agenda de gobierno puede entenderse como el elemento que une la gestación con la formulación de la política.
En este momento de formulación, que implica una sucesión de intercambios entre actores políticos que interactúan en escenarios formales e informales, se da la discusión sobre la alternativa que se adoptará para corregir el problema. La implementación es un proceso, político, de estrategias y técnicas con multiplicidad de actores sociales, implica juegos de poder, es la puesta en práctica del diseño que se elige y construye para abordar el problema. El punto clave de la Implementación es lo que Pressman y Wildavsky llamaron “la complejidad de la acción conjunta”, pues en este juego político (Bardach), se manifiestan intereses que incomodan a los objetivos planteados en el diseño. El político (burócrata en término Weberiano) no puede prescindir de la persuasión (Majone, Subirats), intercambio político (Canto) y negociación, de no recurrir a estos, no tendrá manera de lograr que la mayoría coopere.
La evaluación de metas, de impactos de la políticas públicas consiste en la realización de una investigación de juicio de valor, de tendencia interdisciplinaria, cuyo objetivo es conocer, explicar y valorar, mediante la aplicación de un método sistemático de indicadores de gestión (eficacia, eficiencia, efectividad), el nivel de logros alcanzado (resultados e impactos) por las políticas y programas públicos, así como aportar elementos al proceso de toma de decisiones para mejorar los efectos de la actividad evaluada. Permite la reformulación de la política pública
A mayor democracia en Venezuela, como sistema político de gobierno, como forma de convivencia,  habrá mayor participación ciudadana en el proceso de las políticas públicas.
La participación ciudadana, entendida como gobernanza, recupera la parte pública de la política, y permite que la democracia (caso de Venezuela) no sea solo una democracia electoral, representativa, sino una democracia participativa. No obstante, las políticas son escenarios donde el conflicto, la incertidumbre e intereses particulares, están presentes en todo momento. Tampoco todos los niveles de participación pueden estar en todas las fases de la política.
            El principio de la democracia representativa, es que el número creciente de pobladores, no permiten la democracia directa, sin embargo, la democracia representativa venezolana no arroja los mejores resultados. Vincular participación ciudadana en las fases, de tomas de decisiones, de  las políticas mejoraría el desempeño de los representantes, actores políticos y daría mejores soluciones a los problemas públicos. Se entiende  que la democracia, como modelo de desarrollo, es la mayor incidencia de los niveles participativos en las fases de las políticas.
Marisol Hernández. Dra. en Ciencia Política
 
 

Modelos teóricos de políticas públicas. Marisol Hernández


Los modelos teóricos de políticas públicas pueden ser clasificados en tres grupos: el modelo pluralista-racional, el burocrático-estatal y el neocorporativista e institucionalista.

            El modelo pluralista-racionalista considera las políticas públicas como una respuesta a las demandas sociales que se generan, y las organizaciones administrativas como instrumentos que reaccionan ante las demandas, a través del suministro de políticas que satisfagan dichas necesidades. La contribución que la teoría pluralista realiza a la ciencia política es producto de la conjunción de las teorías racionalistas que provenían de la ciencia económica; de hecho, la racionalidad se convierte en el criterio preeminente de la acción.

            Dos expresiones teóricas a destacar del enfoque pluralista lo constituyen la teoría de la elección racional (public choice), que presupone que los individuos se comportan y adoptan decisiones de forma racional, que más le proporciones beneficios, y la teoría de la racionalidad limitada que reconoce limitaciones en la capacidad de conocimiento y de elección.

            El modelo burocrático-estatal centra su análisis en el papel de los burócratas (funcionarios) y los expertos, ya que a éstos se le concibe como élites que controlan las estructuras estatales. Dentro de este enfoque, y a pesar de las divergentes aproximaciones filosóficas que suponen, se podría incluir el neomanagerismo o neoweberismo, el neomarxismo y el estructuralismo.

            Tanto el modelo corporativista como el institucionalista vinieron a ofrecer una visón más completa de la relación entre el Estado y los demás actores del sistema. A diferencia del modelo pluralista en el que la relación fundamental se produce entre grupos que entran en conflicto y que necesitan alcanzar compromisos, en el neocorporativismo la relación se produce entre los grupos y el propio Estado. La reinserción del Estado como elemento de análisis de las políticas públicas, que la corriente behaviorista había eliminado de su agenda de prioridades dentro de la  ciencia política (policy science), y el interés  por el estudio del Estado hará  que emerja la aparición del neoinstitucionalismo.

            Se considera de nuevo el concepto de política pública, ésta puede definirse como un programa de acción de una autoridad dotada de poder político y de legitimidad gubernamental, que afecta a un sector de la sociedad o bien a un espacio geográfico determinado. El programa y las acciones que éste implica constituyen el núcleo central del analista de políticas públicas, cuyo esfuerzo se caracteriza por la acumulación de observaciones. Pero como acertadamente recuerda Th. R. Dey, una política pública se compone de aquello que una autoridad pública decide hacer o no hacer, puesto que en políticas públicas el no actuar se puede considerar como una acción, actuación.

            La política pública, más que de una disciplina teórica se trata de una ciencia práctica para la acción, ya que su objetivo es proceder a un mejor análisis del proceso de adopción (formulación implementación) de políticas, de forma que permita establecer un diagnóstico más acertado de la situación, y un mejor aprovechamiento de los recursos para la consecución de los fines establecidos. De lo que se comprende, se  hace preciso la distinción de dos componentes de lo que se denomina  análisis de políticas públicas (policy analysis), que consiste en la identificación de las alternativas, opciones y de los efectos que éstas pudieran producir, y el diseño de políticas (policy design), que consiste en la adopción de una alternativa y el establecimiento de los medios que permiten alcanzar el objetivo propuesto.

            Se resalta, el análisis de políticas públicas centra su estudio en los procesos de elaboración de políticas y programas públicos de actuación. Tal planteamiento permite una aproximación doble: la primera, la formación del proceso de políticas desde una concepción global, compleja y sin la formulación de límites claros al proceso, ésta sería la concepción desarrollada por Charles E. Lindblom, y el enfoque que separa las diversas fases del proceso con la finalidad de proceder a un estudio independiente de las diferentes etapas. Esta segunda perspectiva elaborada por Harold Lasswell tuvo una mayor influencia en el análisis de políticas públicas, asumiendo que el proceso de elaboración de políticas y programas es racional y ordenado.
Marisol Hernández. Dra. en Ciencia Política