POLÍTICAS
PÚBLICAS, LIBERALISMO Y DEMOCRACIA
En opinión
del autor Norberto Bobbio, considerado el filósofo de la democracia, el binomio
liberalismo-democracia debe entenderse ante todo como una relación de
necesidad; al respecto asegura que: “liberalismo y democracia están ligados
necesariamente en el sentido de que sólo la democracia es capaz de realizar en
plenitud los ideales liberales y sólo el estado liberal puede ser la condición
para la práctica de la democracia”
Lo que se
propondrá Bobbio será, precisamente, mostrar la serie de elementos que a través
de la historia permitieron la configuración de esa relación que, durante mucho
tiempo y, aún hoy día, sigue siendo considerada por un número importante de
pensadores como antitética. Se pregunta ¿Cómo es posible hacer coincidir una
concepción de Estado, como la liberal, que subraya las libertades individuales
y reduce la influencia del Estado, con una forma de gobierno, como la
democrática, que en rigor debería buscar la equiparación de condiciones y la
igualdad?
Se ha dicho que liberalismo y democracia se encuentran
vinculados en una relación de necesidad. Pero esto es sólo posible, opina
Bobbio, cuando se entienda la democracia
como un conjunto nominal de reglas cuya observancia es necesaria para la
distribución del poder político. Y esto es así porque cuando la democracia deja
de ser esto para ser el ideal de igualdad, a ser democracia sustancial, no
formal; para el pueblo, no del pueblo, entrará en una relación de mutua
exclusión con el liberalismo.
Básicamente se trata de entender que
libertad e igualdad son valores antitéticos (+ libertad = - igualdad / +
igualdad = - menos libertad) y que por lo tanto cuando se da prioridad a uno de
ellos la relación se cae. Si siendo liberal se da prioridad a la libertad sobre
la igualdad (por ejemplo, dando rienda suelta a la propiedad privada), la
sociedad será evidentemente menos democrática, al menos en el sentido de la
igualdad. Si por el contrario, siendo un demócrata, trata de igualarla (por
ejemplo, eliminando esa misma propiedad) la sociedad podría experimentar el fin
de las libertades individuales.
La alternativa que propondrá el
liberalismo para no renunciar al ideal de gobierno propuesto por la democracia
será, entonces, entenderla, como se dijo, simplemente en su sentido nominal: 1.
Igualdad frente a la ley y,
2. Igualdad de
derechos.
Se observa
así, que dentro del liberalismo (es la crítica hecha desde la izquierda) la
igualdad se reduce a una cuestión de forma, pero nunca de hecho, y centrada de
manera exclusiva al campo de lo político, pero nunca de lo económico. Ni
siquiera cuando el liberalismo pretende a través de modelos de democracia
representativa hacerse ver como un modelo político de soberanía popular, podrá
superar una participación limitada al sufragio, puesto que en el momento en que
se amplíen los límites de acción del Estado, estaría entrando en contradicción
con sus principios básicos.
Una vez más, la legitimidad democrática (más allá de un sistema político de
gobierno, como forma de vida que tiene como meta el bien común en una cultura
de paz y tolerancia) encuentra una actualización de añejos problemas al
establecer que ella requiere de mecanismos de designación de los gobernantes, y
en especial, la democracia crea el marco constitucional de las relaciones entre
minorías, algunas de ellas constituidas en élites, o compitiendo entre sí por
el ejercicio del gobierno, a través de la participación ciudadana en la
formulación e implementación de las políticas públicas entendidas como conjunto
de acciones, decisiones.
La homogeneidad mínima de parece que está conformada por el acceso a los
bienes básicos y las libertades fundamentales, que constituyen el núcleo primordial
de las políticas públicas. Esa homogeneidad, se comprende es condición indispensable para el funcionamiento de una
democracia representativa y no contradice el respeto a la diferencia o
discenso. No se trata de una posición “etnocéntrica”. La posición contraria
consiste en establecer la posibilidad de contar con criterios éticos
universales (que no absolutos), a partir de la noción de necesidades básicas y
de sus correspondientes bienes básicos, las cuales son las demandas de las
políticas públicas orientadas por los modelos de gestión en concordancia con
los modelos de desarrollo de los Estados.
En conclusión, para
minimizar la ineficiente regulación
gubernamental, en la formulación y gestión de las políticas públicas
teóricamente, pero que en la práctica tiene poca importancia, al no dar
respuesta a los problemas de coyuntura local, para promover el desarrollo, es
necesario la involucración directa, en democracia, de los participantes,
afectados en la formulación de las reglas y planes gubernamentales, en el
contexto económico, político y social del bien común.
Fuentes
Internet:
Referencias
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Norberto. (1982). “Presente y futuro de los derechos humanos”, en El
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